Estudiantil, La Rebelión Se Justifica N°18
La educación chilena, como en toda
sociedad de clases, está al servicio de
las clases dominantes, un puñado de
magnates que la conciben como una
mercancía más y en la que se manifiesta
un capitalismo burocrático,
atrasado, que restringe el desarrollo
científico y democrático de la educación,
y la pone al servicio de los monopolios.
Claro ejemplo es el Grupo Laureate,
red internacional de universidades
privadas con sede en EEUU, que tras
ser sometida a una extensa investigación
se concluye lo evidente: lucro
en tres de las universidades que controla,
esto es, UDLA, UVM y UNAB.
Mecanismos que desvían millones
de dólares y dejan inútil la ley que
prohíbe el lucro en la educación son
los contratos entre Laureate y las universidades,
donde estas instituciones
les compran servicios y les pagan
para usar la licencia intelectual que
vende, traspasando la mayor parte de
su patrimonio a este grupo controlador,
es decir, el esfuerzo de más de 80
mil estudiantes que pagan el arancel,
llega a manos de un pequeño pero
poderoso grupo.
La Universidad de las Américas
es de las más grandes de Chile y la
mayoría de sus estudiantes está en
las áreas de educación y salud, lo que
hace más preocupante la precaria
enseñanza que se imparte. Por cada
alumno matriculado debe pagarle 250
dólares anuales a Laureate, y un 2% de
sus ingresos anuales. La UDLA ni siquiera
dispone de sus recursos, pues
sólo puede contratar con Laureate. En
5 años ha recibido casi 900 reclamos
formales en su contra.
La Universidad de Viña del Mar está
en la miseria, sus deudas superan más
de 5 veces su patrimonio. La Universidad
Andrés Bello ha aumentado en
un 60% los gastos realizados durante
5 años, habiendo transferido $140 mil
millones a Laureate. Hasta el ex decano
de Derecho dijo que “el proyecto
dejó de ser académico y se empezó a
privilegiar lo económico”.
Por todo lo anterior, se estuvo al
borde del cierre de estas universidades
a fines del 2017, sin embargo, la
ex ministra de educación Adriana
Delpiano, temiendo ante las posibles
protestas de los casi 80.500 estudiantes,
sumados a los 96 mil de institutos
profesionales, que desataría esta decisión
a tan solo un mes de dejar el gobierno,
decidió no decretar el cierre.
El viejo Estado se vio agobiado por
sus propias contradicciones, en donde
prefirió dejar que Laurete siga robando
a miles y miles de estudiantes
sin consecuencias con tal de evitar las
movilizaciones estudiantiles a las que
tanto temen.
Esta es una muestra más del capitalismo
burocrático en la educación,
absolutamente servil al imperialismo,
que con la agudización de su crisis
lanza a los estudiantes a la protesta por
una educación al servicio del pueblo.
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